quarta-feira, 3 de agosto de 2011

¿Qué pasaría si quienes deciden las políticas educativas tuvieran a sus hijos en planteles públicos?

Compartilhamos artigo da educadora Rosa María Torres, publicado no Diario Hoy, de Quito/Equador, em julho de 2003, quando era Ministra da Educação e Cultura daquele país. Apesar dos 8 anos que separam esse artigo desta sua publicação no blog, as reflexões que provoca são bem atuais e também defendidas pelo senador brasileiro Cristovam Buarque. Espero que gostem!

Una de las primeras críticas que recibió Bill Clinton al llegar a la Presidencia de los Estados Unidos fue su decisión de poner a su hija en un colegio privado, después de haberse declarado firme defensor de la enseñanza pública en su país. Esto, que al menos en Estados Uni­dos puede ser convertido en crítica pública y elevado a la categoría de incoherencia presidencial, es en verdad lo que hacen todos -o la inmensa mayoría- de presidentes en todo el mundo. Y lo que han hecho concretamente en nuestro país.

Entre broma y broma suele llamarse la atención sobre el hecho de que asesores y consultores en materia de políticas educativas tienen a sus hijos en planteles privados y que, por tanto, al no experimentar en carne propia las carencias y problemas de la enseñanza pública, no se sienten mayormente comprome­tidos ni vivencialmente urgidos a cambiarla.

Entre broma y broma, no obstante, es preciso tomarse el asunto en serio. Otro sería en efecto el estado y el destino de la educación pública si los altos mandos del poder, los decisores de políticas y de planes educativos, tuvieran a sus hijos e hijas en planteles públicos. Otra serían las energías financieras y sociales invertidas en evitar los paros del magisterio, o bien en resolverlos de inmediato, aplicando no solo el rigor de la ley sino el de la coherencia entre el discurso y la práctica.

Presidentes de la República y colaboradores cercanos tienen a sus hijos (y nietos) en universidades, colegios y escuelas privados, a menudo estudiando en el extranjero. Allí mismo hijos y nietos del gabinete ministerial, del cuerpo diplomático y del congreso. Los funcionarios del Ministerio de Educación que pueden fi­nanciarlo no dudan en hacer lo propio. Igual cosa los abogados que redactan las leyes y decretos educativos. Investigadores, expertos y asesores nacionales e internacionales estudian y hacen propuestas de cambio para la educación pública, pero prefieren entretanto tener a sus hijos en planteles privados. Y nos asombra­ríamos de saber cuántos rectores y profesores de planteles públicos -incluso de los más pobres y apartados- tienen ellos mismos a sus hijos en planteles privados, haciendo los ahorros y los sacrificios económi­cos del caso.

El día que presidentes, vicepresidentes, ministros, secretarios, directores, sub­directores, asesores, jefes, dirigentes gremiales y autoridades de todo tipo tengan a sus hijos y nietos en planteles públicos, empezará a modificarse en serio el panorama de la educación pública. Entonces vendrá la ur­gencia, afluirá el dinero, se utilizarán los estudios, se apurarán las gestiones, se ejecutarán las decisio­nes. ¿Sería mucho pedir que el Presidente, el Vicepresidente, el gabinete en pleno, los dirigentes gremiales del magisterio, los defensores de los derechos de la infancia, los promotores de una educación de calidad para todos,  empezaran dando el ejemplo?.

Pubicado en Diario Hoy, Quito, 17 julio 2003 

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